De un tiempo a esta parte los responsables de que este país
funcione, gobierno, jueces, fiscales, perecen empeñados en que perdamos la fe,
no sólo en ellos, que ya la tenemos perdida, sino en el sistema. Siempre se ha
hecho la broma de decir que, si todos somos iguales ante la ley, los hay que
son más iguales que los otros, porque está claro que no se mide con el mismo
rasero a quien se enfrenta solo a la ley que a quien tiene el respaldo del
poder, sea cual sea este poder.
Hace ya tiempo que quienes creemos que, si no somos iguales,
sí deberíamos al menos serlo, vivimos escandalizados por el
tratamiento procesal que se está dando a la infanta Cristina a propósito de los
turbios negocios de su marido, Y no es una opinión de lego, porque son muchos
los jueces y fiscales y sus representantes que no se explican por qué la hija
del rey no está imputada en el caso, pese a que manejaba dinero de la sociedad
pantalla con la que, presuntamente, Urdangarín saqueó el patrimonio de los
españoles cobrando a determinadas administraciones una extendiera también a su
hija, porque tal parece que ha pasado por los barrizales provocados por su
esposo, sin haberse manchado siquiera la suela de los zapatos.
Él caso Noos que, contra viento, marea y la prensa más
conservadora investiga el juez Castro es todo un ejemplo de cómo el aura de
dignidad y respeto con el que de siempre se ha mantenido al margen de los
pecados del mundo no es más que un disfraz, porque lo que de momento hemos
conocido da para todos un culebrón de bajas pasiones, en el que, como en
Dallas, se mezclan el dinero, el lujo y hasta el sexo, aunque sólo sea virtual.
Pues bien, sorprendidos aún por todo lo relativo a la
infanta, su marido, su socio, la alcaldesa de Valencia y el escurridizo ex
presidente de la Generalitat, Francisco Camps, nos damos de bruces con otro
escándalo, no menos grave, en el que, para con el "más igual", la
cementera Cemex, se ha tendido o se ha pretendido tender un manto de
protección, capaz de desviar el brazo de la Justicia cuando se dirigía contra
ella.
El escándalo del que hablamos, se ha desatado al
conocerse que la Agencia Tributaria cesó fulminantemente la
semana pasada a la inspectora que trabajaba sobre un presunto fraude de la
multinacional del hormigón que, admite la falta hasta el punto de
que incluye en sus cuentas una cifra de siete millones de euros destinada
a pagar esa deuda y sus intereses. Un cese que ha dado lugar a la
dimisión de su inmediato superior, lo que podría ser el inicio de una cadena de
abandonos en protesta por lo que consideran una medida arbitraria, destinada o
aparentemente destinada a protegerá la cementera.
Tanto la Agencia Tributaria, como el ministerio del
implacable justiciero Cristóbal Montoro, se han escudado en la
discrecionalidad de los nombramientos de cargos de confianza para justificar el
cese de la inspectora. Pero dicho cese resulta más que sospechoso y, sobre
todo, por la enorme solidaridad despertada entre sus compañeros. No sería
justo ni decente que desde los más nobles despachos de Hacienda se
estuviese protegiendo a una empresa, cuando para los pequeños
contribuyentes, si son cazados en falta, no existe la más mínima
conmiseración.
Lo dicho, como dice el viejo chascarrillo, si somos iguales
ante la ley, está claro que unos lo son más que otros y para que cesasen las
sospechas y los contribuyentes no se sintiesen estafados al pagar sus
impuestos, sería bueno que la inspectora "castigada" por su celo
fuese repuesta lo antes posible en su despacho.
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