No puede haber en democracia peor sospecha que la de que uno
de los pilares de Estado de Derecho, el de la Justicia igual para todos e
independiente no es tal y, por desgracia, esa sospecha acaba de instalarse en
la conciencia de quienes creemos en la división de poderes que hace fuerte al
Estado y a los ciudadanos. Una situación y una alarma que, salvadas las
distancias, evoca los tiempos oscuros en los que, en Italia, se persiguió hasta
su muerte en atentado a los jueces Falcone y Borsalino por haber osado llevado
ante la ley a los capos de la Mafia.
Ayer, como otros muchos, me fui a la cama con la noticia de
que el Fiscal General del Estado, el que fuera magistrado del Supremos,
tribunal en el que se significó por su animadversión contra el ex juez
Baltasar Garzón, cuya inhabilitación por su instrucción de los crímenes del
franquismo defendió ante la sala que finalmente acabó con su carrera, había
emprendido una cruzada contra todos esos fiscales que se habían significado en
la persecución de los delitos de corrupción, especialmente contra el fiscal
jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, toda una figura de prestigio
internacional por su trabajo contra el terrorismo yihadista y de ETA y, ahora,
contra la corrupción, y, con él, el fiscal
jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que había tenido la osadía de
dar su visto bueno a la investigación del caso Auditorio, en la que se acaba de
llamar a declarar ante el juez a Pedro Antonio Sánchez, presidente por el
Partido Popular de Murcia.
Resulta evidente que hasta ahora la corrupción no había
pasado factura al partido responsable, gracias a la aviesa Ley del Suelo
aprobada en los tiempos de Aznar en el Gobierno, de los mayores desmanes
urbanísticos. Quizá por ello no se había hecho necesaria la demostración de
fuerza que ha exhibido el fiscal general contra sus subordinados más
significados en el progresismo. Tan evidente como que no son casuales los
repetidos robos, con allanamiento incluido, que ha sufrido en los últimos meses
el más inmediato colaborador del fiscal, robos en los que ha desaparecido su
ordenador portátil y nada más, a pesar de que en el domicilio había dinero y
objetos de valor. Algo que puede interpretarse como un intento de hacerse con
el material investigado o, salvando también las distancias, como un aviso,
similar a aquella cabeza de pura sangre que los Corleone dejan en la cama del
productor que se negaba a contratar al protegido de la "familia".
Ojalá sean sólo sospechas y tanto el fiscal general José
Manuel Maza como el ministro de Justicia Rafael Catalá puedan dar una
explicación coherente y tranquilizadora a lo que está ocurriendo, porque lo
anterior, sumado a la vergonzante injerencia del ministro,
"vapuleando" a las fiscales que investigaron al presidente Sánchez y
manejando en público información y opiniones que deberían ser discretas, sumado
a las presiones directa que están sufriendo el cesado Manuel López Bernal y sus
familiares, resucitando contra ellos asuntos, como la tala de árboles, presuntamente
protegidos, en su finca, ocurrida hace treinta y tantos años y, supongo que
rebuscando en su basura, sus armarios y sus cajones.
Presiones y acosos que, pese a haber sido denunciadas ante la
Fiscalía General y la Delegación del Gobierno no han sido investigadas, tal y
como daba a entender el fiscal Bernal en la sobrecogedora entrevista que daba esta mañana a Pepa Bueno en la Cadena SER,
no han sido investigadas ni, mucho menos, corregidas, De momento y, tras la
emisión de la entrevista, el grupo socialista en el Congreso ha solicitado la
comparecencia inmediata ante el Parlamento de los ministros de Justicia e
Interior, del Fiscal general del Estado y del propio cesado y acosado fiscal
Bernal.
Sólo espero que las comparecencias solicitadas por Antonio
Hernando sirvan para algo más que para que unos y otros se tiren los trastos a
la cabeza y que, de ellas o de sus consecuencias, salga el firme propósito
de reforzar y proteger a quienes, desde sus puestos de trabajo, llevan a cabo
tan importante labor de protección de nuestros derechos y bienes.
Únicamente dejando trabajar a los fiscales y reponiendo a
los cesados sin que sobre ellos o su labor puedan hacerse reproches, disiparían
la esta terrible sospecha, la peor de las sospechas, de que se les ha
presionado y se les cesa por haber molestado al PP que, ahora sí, está
sufriendo las consecuencias de su corrupción de años. Demasiadas molestias para salvar el culo de quien, como Pedro Antonio Sánchez, dice no haber cometido ningún deluto.
1 comentario:
Es obvio quien maneja a los fiscales...
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